Según el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y constante jurisprudencia, cuando la sentencia declare la existencia de vulneración de un derecho fundamental, deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, que en su caso, le corresponde a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.
La LISOS puede ser utilizada como parámetro orientador para la determinación de la cuantía indemnizatoria, y siempre debe tenerse presente que lo que se pretende con la indemnización es por un lado resarcir a la víctima y restablecerla en la medida de lo posible en la integridad de su situación anterior a la lesión, y por otro, contribuir a la finalidad de prevenir el daño.
Es decir, que la indemnización tiene una pretensión dual; debe ser reparadora y a la vez preventiva.
Los derechos fundamentales que pueden resultar perjudicados por una decisión empresarial suelen ser aquellos que guardan relación con la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la integridad física y moral, incluida en esta la dignidad de la persona, el honor, la intimidad personal y la propia imagen.
Pero también el derecho a la obtención de la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos del trabajador. Esto se puede producir cuando la empresa toma una represalia contra el trabajador que ha decidido interponer una demanda contra aquella.
En cualquier caso, la variabilidad es enorme, y ello exige el análisis de un abogado experto que pueda determinar la posible existencia de una actuación vulneradora de un derecho fundamental.
